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La situación en España no se parece a nada que haya presenciado en otros países. La Hacienda española está literalmente en guerra con los ciudadanos y con el tejido empresarial» «El sistema de sanciones en España no está diseñado para garantizar el cumplimiento, sino para intimidar y castigar», sostiene en privado... y en público. Amsterdam ha dado visibilidad a su pensamiento de una manera que no es nueva para él y su equipo: una doble página en el diario Financial Times en el que denuncia que, dentro de una política recaudatoria agresiva, el sistema de primas de los inspectores fiscales incentiva decisiones injustas.
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Demostraremos cómo no se cumple el principio de igualdad, se vulnera la presunción de inocencia, se niega de forma sistemática el derecho a una buena administración y se impide el acceso efectivo a la Justicia. Haremos todo esto, y mucho más, utilizando la abundante evidencia aportada por los propios contribuyentes», explica a Crónica el fundador y socio director de
Amsterdam & Partners LLP, con sede en Washington y Londres.
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No es una ofensiva. Es una campaña de concienciación. Hemos solicitado reuniones con el Gobierno español, que pretendíamos utilizar para promover reformas -un ámbito en el que contamos con experiencia-, pero sin éxito», recalca. Su intención es mostrar «cómo el sistema de incentivos y bonus de la AEAT pervierte los procedimientos y los resultados para los contribuyentes». A su entender, «
España es un caso extremo en materia de derechos del contribuyente. En todos los niveles, desde los ministros hacia abajo, se dejan de lado los controles, los equilibrios y la rendición de cuentas en la carrera por obtener una recaudación cada vez mayor». Quiere poner el foco «sobre los
poderes ilimitados e ilegítimos de Hacienda» para «atacar no solo a empresas nacionales, sino también a individuos y empresas extranjeras».
El relato que traza es inquietante: despachos de abogados que no quieren representar a ciertos contribuyentes por temor a represalias; afectados abandonados por sus propios asesores; inspecciones que se convierten en «procesos de desgaste psicológico y económico...». «
El mundo tiene derecho a saber lo peligrosa que es realmente la administración tributaria española», recalca. «
Presentaremos pruebas específicas de vulneraciones flagrantes de las normas y leyes de protección de datos. Demostraremos cómo se han utilizado Reales Decretos para imponer nuevas obligaciones administrativas en materia tributaria sin el debido control democrático. Mostraremos cómo los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva se ven frustrados por la propia estructura de los tribunales económico-administrativos, que carecen de independencia, tal y como declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Santander. Estos tribunales son incompatibles con los principios básicos de legalidad», asegura.
Para el abogado, el núcleo del problema no reside únicamente en fallos individuales, sino en un diseño «perverso» del sistema. «
Las personas y las empresas viven con miedo a la AEAT. Los inspectores son conscientes de ello y lo utilizan como un arma. Los despachos de abogados, incluso los de mayor tamaño, la temen y a menudo se niegan a representar a clientes que desean recurrir liquidaciones practicadas por los inspectores».
Desde su despacho se asegura que han presenciado como «clientes consolidados» pueden ser abandonados por sus abogados por miedo. Abona ese panorama que, a su entender, «
los inspectores construyen relatos falsos para imponer pagos indebidos». «Ignoran pruebas documentales aportadas por los contribuyentes cuando no encajan en su relato. Omiten del expediente documentos clave que respaldarían la posición del contribuyente. Hemos visto todo esto y mucho más. Este comportamiento no es normal», recalca Amsterdam.
Como ejemplo pone a empresas que «
han sido llevadas a la quiebra o forzadas a cerrar por la AEAT a causa de reclamaciones fiscales falsas formuladas por un inspector» y la falta de leyes y contrapesos para evitar que eso suceda, «como ocurre en la mayoría de los países». «
Esto no es simplemente "una política fiscal dura". Si ocurriera en el sector privado, los responsables irían a prisión. En la AEAT, reciben un bonus mayor», resalta.
El Suministro Inmediato de Información, la facturación electrónica obligatoria, la recopilación masiva de datos de plataformas digitales, intermediarios de pago y criptoactivos configuran, según Amsterdam, «
un sistema de supervisión continua en el que todo contribuyente es tratado como infractor potencial». «Existe una lista de nuevos procedimientos que se implantarán en 2026 con el apoyo de tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial. Temo por la seguridad de los contribuyentes normales en España, que se enfrentan a una intrusión ilimitada de Hacienda en su vida cotidiana», manifiesta.
Amsterdam vaticina «un sistema de caja negra en el que se adoptan decisiones con graves consecuencias económicas sin explicación, sin rendición de cuentas y sin recurso efectivo.» De ahí su advertencia: « Hacienda quiere ser el Gran Hermano: porque se ha perdido completamente el equilibrio entre el control fiscal y los derechos fundamentales».
«Ante los tribunales europeos presentaremos pruebas de la vulneración de derechos consagrados no solo en la Constitución española, sino también en el Derecho de la UE. Aportaremos pruebas concretas de la quiebra de la seguridad jurídica, una cuestión ampliamente criticada por juristas y académicos en España», refiere el que fuera representante de los Camisas Rojas de Tailandia, que también critica «la falta de proporcionalidad en las inspecciones y en las sanciones», algo que afirma que ya ha sido «reconocido por los tribunales europeos como un problema específico español».
Aunque no revela los casos concretos que llevará ante Bruselas, sí adelanta el tipo de situaciones que servirán de referencia. Y menciona un precedente clave:
el Modelo 720. El TJUE declaró que este sistema vulneraba el Derecho de la UE, en particular los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libre circulación de capitales. «
La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión», señalaba la sentencia del TJUE, que identificó tres puntos por lo que esta legislación que iban «más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos».
«España tiene un historial débil ante los tribunales europeos en materia de sanciones. Estas pueden ser arbitrarias y desproporcionadas. Existen numerosos sobre el uso extraordinario de sanciones excesivamente elevadas por parte de Hacienda». Una advertencia sobre su nueva cruzada, una confrontación frontal contra un modelo de Estado, los límites del poder administrativo y el lugar que ocupa el ciudadano frente a la Administración Pública.
https://www.elmundo.es/cronica/2025/12/ ... b45a2.html
), funcionarios y servidores de Estado de toda indole, y trabajadores de la AEAT, con la excepcion de los inspectores e instructores de expedientes.... 
