Colombia: las paradojas de la seguridad
La disminución de la violencia en Colombia es atribuida por el Gobierno de Álvaro Uribe a su “política de seguridad democrática”. Dos expertos en la materia examinaron los éxitos concretos de ese programa.
“Colombia es una paradoja”. Con esas palabras describió la Dra. Sabine Kurtenbach, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS, por su sigla en inglés) en Hamburgo, la singular historia de la violencia en el país suramericano. Y es que, a ratos, el síndrome de violencia que aflige a esta nación parece un tópico impenetrable en el que la polarización política de la sociedad y la marginación económica de buena parte de ella, así como el terror y los crímenes perpetrados por la guerrilla, los paramilitares, los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad del Estado, se mezclan sin aparente sentido.
“La crisis sociopolítica colombiana es compleja porque nada es blanco o negro; dependiendo de la perspectiva desde donde se lo mire el vaso está medio lleno o medio vacío”, agregó Kurtenbach en el marco del foro “Colombia: democracia, Estado de derecho y derechos humanos”, llevado a cabo en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área (GIGA) este miércoles (16.9.2009). Con eso aludía a los optimistas informes según los cuales la “política de seguridad democrática” del presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha logrado reducir notablemente los niveles de violencia en ese país.
Guerra de estadísticas
“Hay una gran discusión en torno a las estadísticas, porque las cifras son instrumentalizadas en función de intereses particulares. El Gobierno dice que ha reducido los niveles de violencia, pero, según las organizaciones de derechos humanos, lo que se ha reducido es el número de denuncias. La impunidad hace que las denuncias de los delitos más graves –los asesinatos y homicidios– pierdan sentido”, comentó la especialista en materia de conflictos y derechos humanos, añadiendo que, en Colombia, menos del 10 por ciento de los asesinatos son aclarados u objeto de seguimiento por parte de las autoridades.
“Yo lo que me pregunto es si esta política de seguridad democrática, que intenta controlar la violencia a través de la represión, es sostenible sin que tengan lugar contragolpes o reacciones aún más violentas. Porque en el interior de Colombia, en las zonas rurales, la violencia no se ha reducido. También cabe decir que, por sí solo, el programa de Uribe no basta para resolver la complejidad de la problemática colombiana”, sostuvo Kurtenbach, señalando que la disminución de la violencia en Bogotá y Medellín, dos casos emblemáticos, no es percibida como una consecuencia de las políticas de Uribe, sino de las coaliciones entre sus alcaldes y representantes comunales, quienes, durante más de una década e independientemente de los cambios de Gobierno, han recuperado los espacios públicos con una política de integración social intensa.
Mejoría a prueba de dudas
“Yo sí creo que, en materia de seguridad, la situación de Colombia ha mejorado gracias a las políticas del presidente Uribe”, dijo por su parte el Dr. Jan Curschmann, el otro ponente invitado a desentrañar esa madeja que supone el tema de la violencia en el país latinoamericano. Curschmann, cuya labor como miembro de la sociedad internacional de abogados Taylor Wessing apunta uno de sus focos hacia América Latina, habló sobre sus experiencias en Colombia, adonde viajó como parte de la Caravana Internacional de Juristas 2008 en representación de la Asociación Alemana de Abogados (DAV, por su sigla en alemán).
“Hace siete años, la inseguridad era un problema mucho más serio. Hoy día, Colombia está mejor que otros países suramericanos; uno puede movilizarse con relativa libertad y sin mayores temores por su territorio. Y eso implica una enorme mejoría en la calidad de vida de la población y para el desarrollo económico del país”, dijo el jurista que, por otro lado, pudo constatar el alto grado de vulnerabilidad de los derechos humanos en la región y la difícil situación que viven los abogados defensores que trabajan en este ámbito.
¿El precio de la seguridad?
“No cabe duda de que la población se ha visto restringida en el espacio público y que la política de Uribe ha conducido a un crecimiento del Ejército y a una notable presencia de los militares en las calles, y está claro que la militarización y el fortalecimiento del monopolio estatal de la violencia no solucionan todos los problemas ni pueden pacificar al país de forma duradera”, concedió Curschman, pero agregó: “La pregunta es si la situación del país hubiera mejorado sin dar el paso que se dio con esta política de seguridad democrática. Yo no creo hubiera otra salida”.
“La meta ahora es reforzar los resultados obtenidos y propiciar que todo se encamine a través de un proceso democrático”, afirmó Curschmann, coincidiendo con Kurtenbach. “El espacio democrático que se ganó con la reforma constitucional de 1991 debe ser protegido y profundizado; eso ayudará a ponerle coto a cierto tipo de violencia. Además, esta ampliación del espacio participativo debe tener lugar en todos los departamentos y zonas rurales de Colombia, y venir acompañada de una política de integración social y económica que ayude a reducir el problema estructural de la violencia en Colombia”, concluyó la investigadora del ILAS.
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