Voy a hacer un esfuerzo de divulgación, porque me importa que mis lectores comprendan realmente la dimensión de los hechos por los que se investiga a Zapatero. Y conviene entender algo desde el principio: el alcance de esta causa trasciende con mucho el de un simple entramado institucional de comisiones y mordidas. Lo que describe el auto judicial apunta a una estructura de influencia con derivadas internacionales, conexiones geopolíticas y capacidad para operar en sectores estratégicos vinculados a regímenes autoritarios.
El rescate de Plus Ultra: dos puertas, una ganadora
Marzo de 2020. Plus Ultra —una aerolínea marginal, técnicamente quebrada y con conexiones chavistas— necesitaba 53 millones de euros del bolsillo de los contribuyentes. Y entendió rápidamente algo elemental: para acceder a semejante rescate no bastaba con presentar papeles. Hacían falta influencias. Muchas influencias.
Así que la compañía decidió jugar a dos bandas. Por un lado, la vía Ábalos-Koldo. Por otro, la vía Zapatero. Y no escatimaron esfuerzos. Como resumió gráficamente uno de los implicados en un mensaje incorporado a la causa: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín».
Pues bien: pagaron. Y por las dos ventanillas. Pero la que terminó abriéndose de par en par fue la del expresidente del Gobierno.
Los propios investigados lo celebraban internamente sin demasiados rodeos: «Nuestro pana zapatero detrás»; «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana». El nivel de seguridad era tal que, cuando el Consejo Gestor del FASEE ni siquiera se había reunido formalmente, Julio Martínez Martínez —el «tocayo» en el argot interno de la trama y hombre de máxima confianza de Zapatero— ya estaba felicitando a los accionistas por la concesión del rescate.
El cobro
Como nadie regala nada, había que pagarle al expresidente. Y aquí entra el entramado: Análisis Relevante, Whathefav (sociedad de las hijas), Inteligencia Prospectiva, Gate Center, Idella, Caletón, Summer Wind, Afitta… Una constelación de sociedades sin actividad real cuya función es emitir facturas ficticias, redactar contratos a medida y triangular pagos. El propio Calama lo describe con la frialdad de un forense: «Facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal». Resultado: 490.780€ directos a Zapatero desde Análisis Relevante, 352.980€ desde Gate Center, 681.318€ desde Thinking Heads. Y cifras paralelas hacia Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero que, oficialmente, se presentaba como una agencia creativa y multimedia especializada en eSports y marketing digital.
La conexión china
La resolución describe un mecanismo diseñado para que nadie compre crudo venezolano sin pasar antes por la red de Zapatero. ¿Cómo funciona, para dummies? El interesado redacta una Letter of Intent —una carta de intenciones— y la envía a una entidad denominada, literalmente, «Oficina del Presidente Zapatero», a nombre del expresidente. Una vez recibido el visto bueno, en Caracas una persona conocida como «La Dama» —que los indicios identifican con la vicepresidenta Delcy Rodríguez— asigna directamente los buques.
En enero de 2024 aparece una operación que retrata el alcance real de la trama. Domingo Amaro Chacón —administrador de Inteligencia Prospectiva, una de las sociedades-tapadera del entramado— comunica al tocayo que el suizo Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, «y los chinos» están «listos para comprar barcos», y añade que Apikian está «listo para viajar a reunirse con La Dama y el Ministro de Petróleo». Léanlo otra vez: un empresario suizo que vuela a Caracas a sentarse con la vicepresidenta del Gobierno venezolano y el ministro del ramo para cerrar una venta de petroleros con destino a China. Y todo, bajo el paraguas de la oficina de un expresidente español.
Y conviene recordar un dato que no es menor: esta investigación no es estrictamente nacional. El propio auto reconoce que la pieza arranca con la colaboración directa de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia estadounidense dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que puso a disposición de la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción la extracción del teléfono móvil de uno de los principales investigados, Rodolfo Reyes Rojas. Es decir: el primer ladrillo del muro probatorio lo aportó Washington, no la Policía española.
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