La investigación que desarrollan en paralelo la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, avanza acotando cada vez más las causas del peor accidente desde la liberalización de la alta velocidad hacia el gestor de la infraestructura, Adif.
En las siete semanas transcurridas desde la salida de vía del Iryo que circulaba hacia Madrid el 18 de enero y su casi inmediata colisión con un Alvia, las pesquisas han ido concentrándose en el estado de la vía, la calidad de las soldaduras y la factura de las revisiones: todos ellos elementos bajo responsabilidad directa del gestor. El fallo humano está prácticamente descartado, y aunque aún está pendiente el análisis del propio Iryo, el foco se sitúa ya en la vía como origen del siniestro.
Ayer, el Tribunal de Instancia de Montoro número 2 autorizó el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de ambos trenes, así como el acceso a los datos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del Iryo.
La autorización judicial supone un avance en unas investigaciones centradas en la rotura del carril y en la soldadura que unía piezas fabricadas en 2023 con otras de 1989. En este proceso, la actuación del Ministerio de Transportes y de Adif ha sido especialmente polémica por desmentir como bulos informaciones que posteriormente se demostraron correctas y que apuntaban precisamente a responsabilidades internas de Transportes, más que a los operadores o los maquinistas.
En concreto, están bajo revisión la calidad del acero de los carriles, la fiabilidad de la soldadura en el punto donde el carril se rompió y la forma en que Adif supervisó el estado de la vía. El hecho de que, como adelantó EL MUNDO, Adif retirara de la escena del accidente material relevante sin permiso ni conocimiento del juzgado ha intensificado las dudas sobre su actuación. Ese material fue devuelto tras requerimiento de la Guardia Civil.
El atestado remitido a la jueza revela que la CIAF ha detectado «incongruencias» en la documentación remitida por Adif en relación con las soldaduras del carril por el que se salió el Iryo. Según fuentes de la investigación, estas incongruencias afectan al control documental de las versiones que figuran en los informes y, también, a la validez de las firmas «porque no hay garantía de las firmas que figuran en muchos de los escritos».
Puente defendió al gestor por haberse llevado material del escenario del siniestro sin informar ni a la CIAF, ni a la Guardia Civil ni a la jueza, tal como publicó este periódico, para almacenarlo y devolverlo solo tras el requerimiento de los agentes y una severa advertencia judicial.
Sostuvo que cuando Adif retiró el material «no lo hizo de mala fe», sino que recogió elementos que ni la Guardia Civil ni los investigadores de la CIAF habían trasladado para su análisis, y que en ningún caso se trataba de «pruebas relevantes» para la investigación.
Adif retiró ese material los días 22 y 23 de enero, pero la Guardia Civil y la CIAF no detectaron su ausencia hasta cinco días después, cuando volvieron al escenario del accidente. Puente da por hecho que los trabajos de investigación habían concluido ya el día 22, aunque la presencia posterior de los técnicos indica que no era así. «Probablemente el error de Adif a posteriori fue no comunicar a la autoridad judicial que retiraba ese material», que no se encontraba en el punto exacto del siniestro.
https://www.elmundo.es/economia/2026/03 ... b45a1.html