Los civiles, en jaque por los operativos militares
Los enfrentamientos con la guerrilla, los hallazgos de armas en viviendas y las detenciones involucran a civiles.
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Redacción Nueva Loja
La desesperación, el nerviosismo y el llanto invadieron al mediodía del sábado la vivienda de José Sabino, el colombiano que hace un año compró una propiedad en Yanamarum, al noreste de Lago Agrio.
Un día antes, el Ejército ecuatoriano ingresó a su casa y encontró municiones de fusil, pentolita, pólvora, cintas de ametralladora y literatura de la guerrilla.
José Sabino dijo que no sabía nada sobre el arsenal. Incesante, relató que compró la tierra a un indígena en USD 4 500, sin conocer que había esos materiales. Un jefe militar argumentó que las huellas decían otra cosa. “Está muy fresco, con relación al tiempo”.
Pastora Pérez, una anciana, insistía “no tenemos nada que ver. Somos inocentes”. Pero el fiscal, Nicolás Zambrano, ordenó la detención de José, su hijo Timote Sismin y el profesor de la escuela de Yanamarum, Galo Lamar.
Los tres civiles, custodiados por helicópteros, equipos de combate y lanchas rápidas, fueron evacuados a Nueva Loja.
Ayer, mientras los detenidos rendían sus versiones en la Fiscalía, los comuneros de Yanamarum se organizaron para ir hoy a Nueva Loja. Pretenden reclamar la libertad de sus familiares.
Estaban molestos por los efectos de los operativos, pero callaron ante las evidencias.
Un dirigente que pidió la reserva por temor a represalias, dijo que en la frontera la relación con la guerrilla es innegable. “Somos víctimas de regulares e irregulares”.
Para él, el hallazgo no es nuevo. “Hay ocasiones en las cuales la guerrilla llega a las casas, piden que se prepare comida, que se encarguen armas, ropa, municiones u ordenan el cumplimiento de misiones a las cuales no se pueden negar. No hay como decir no”.
Pidió a los militares que se manejen con cautela. “En la frontera no hay ley, todo está supeditado a lo que digan los irregulares. De por medio está nuestra vida”.
Para el defensor del Pueblo, Alberto Rivadeneira, la situación y los constantes operativos evidenciaron la necesidad de activar un programa urgente de protección de los derechos humanos.
“Hay riesgos de que se violenten los derechos humanos. Debe entenderse que en la frontera no se van a cambiar las prácticas de supervivencia con la presión militar”, señaló Rivadeneira.
En esa línea, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia de Sucumbíos, pidió un manejo cauteloso con los grupos vulnerables ubicados a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo.
Poco antes, la Federación de Organizaciones Indígenas Kichwas de Sucumbíos, demostró su malestar con los militares. Exigió respeto y consentimiento para operar en sus territorios
