LA NEGOCIACIÓN
Quienes participaron en las negociaciones entre el SII y Penta, aseguran que todo se habría solucionado en un almuerzo en Icare, a mediados del 2004, donde Carlos Alberto Délano se habría encontrado con Juan Toro, el ex director del SII que llevó adelante los cobros a los grandes grupos económicos. “Tenemos asuntos pendientes”, le habría dicho Toro a Délano, según cuenta un empresario que estuvo en la comida. Hasta ese momento, el SII había conformado una comisión de negociadores cuya misión era explicarle a cada uno de los empresarios que habían adquirido empresas con pérdida, que la contabilidad que habían comprado no era real. Los acusaban de haber participado de un ardid destinado a defraudar al fisco, toda vez que las compañías dueñas de los saldos negativos habían dejado de tener movimientos a mediados de las década de los 80 y habían sido rearmadas a fines de los 90.
La dura pelea entre el fisco y los empresarios comenzó con la querella que el SII interpuso en contra de Vital S.A., empresa a la que se le acusaba de haber defraudado al Estado en $1.782 millones. El único fin de las fusiones –argumentaba el SII en su demanda- era evitar el pago de impuestos: “La conducta desarrollada es especialmente grave, toda vez que trasunta una maquinación, una planificación, cuyo único objetivo ha sido defraudar al fisco”, decía la denuncia.
La agresiva posición que adoptó Juan Toro hizo que muchos empresarios se acercaran a pagar. La estrategia de Délano y Lavín, sin embargo, fue contratar a un batallón de asesores tributarios. Según recuerdan algunos de los fiscalizadores que participaron en la negociación, entre quienes se aparecieron por las oficinas del SII en busca de soluciones para Penta estaban Jorge Schaulsohn y Andrés Allamand, a quienes Penta habría contratado para que intercedieran por ellos. La estrategia no resultó y fue finalmente en Icare donde todo se solucionó.
No está claro cuál fue exactamente el acuerdo al que Penta llegó con el SII, pero sí que en diciembre de 2004, Délano y Lavín pagaron cerca de $4.800 millones al fisco, luego que el Servicio les descontara las multas que se habían generado por la deuda de los tributos. Aunque el fisco había argumentado que todas estas operaciones eran consideradas delictivas, el asunto al final se arregló a la buena: si todos pagaban no habrían más querella. A esa fecha, la ley contra la evasión, promulgada en junio de 2001, ya había fijado más restricciones al uso de las pérdidas. La máquina que durante una década había ocupado Penta para no pagar parte de sus impuestos, había quedado obsoleta.
Nota de la edición: Intentamos comunicarnos con Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Hugo Bravo, Jorge Schaulsonh, Andrés Allamand, Juan Toro, y Pablo Pla, pero ninguno quiso dar su versión.
LAS OTRAS EMPRESAS QUE USARON PÉRDIDAS TRIBUTARIAS PARA DESCONTAR IMPUESTOS
A fines de la década del 90, un grupo de abogados y contadores activaron más de 20 empresas que en la década del 80 habían quebrado. Todas pertenecían al empresario Javier Vial Castillo, dueño en aquel tiempo del desaparecido Grupo BHC. El único atractivo de estas compañías estaba dado por las abultadas pérdidas tributarias que habían acumulado en una década de inactividad. La mayoría de ellas terminaron anexadas a los grandes grupos económicos de la época, que aprovecharon las pérdidas para evitar el pago de impuestos. Estas son algunos de los holdings que, al igual que Empresas Penta, fueron investigados por el Servicio de Impuestos Internos (SII):
LOS SAID
El 16 de agosto del año 2000, el grupo Andina –encabezado en ese momento por la familia Said- adquirió la Sociedad de Inversiones Libertador Bernado O’Higgins previo pago de $110 millones. Esta última compañía tenía una pérdida tributaria de $46.283 millones que Andina quería usar para fusionar con la compañía Vital S.A. El 28 de diciembre de ese año concretaron la operación. La empresa que nació de la fusión absorbió durante el 2001 más de $8.137 millones de utilidades que había generado Vital S.A. Durante los siguientes tres años, la compañía solicitó al SII una devolución de $1.220 millones en impuestos de primera categoría por las pérdidas anexadas y, además, siguió rebajando las ganancias que iba obteniendo. En el año 2004, el SII objetó las operaciones y requirió a Vital S.A. para que pagase $1.782 millones en impuestos e intereses. La empresa, sin embargo, se negó y el 17 de julio de ese año el SII se querelló contra todos los involucrados. El caso finalmente fue sobreseído, luego que el Servicio decidiera no apelar al cierre del caso. La querella sirvió para amedrentar a los contribuyentes y que estos se acercaran a pagar lo adeudado.
LOS SOLARI
La familia Cortés Solari, dueña de un porcentaje de la multitienda Falabella, compró en junio de 2001 la Sociedad de Inversiones Quitalmahue S.A., que tenía $26.320 millones en pérdidas. El grupo fusionó en el 2001 esta empresa con la compañía Mocito Guapo, una de las sociedades del holding Corso (Cortés Solari). Al año siguiente, solicitaron al SII que les devolviera $1.211 millones en impuestos que habían pagado. El Servicio, sin embargo, objetó la solicitud. En el año 2004, Juan Carlos Cortés Solari declaró ante los fiscalizadores del SII las razones por las que adquirieron Inversiones Quitalmahue: “opté por comprar esta empresa como una oportunidad para aprovechar las pérdidas que tenía la sociedad… mis asesores me explicaron que al unir los FUT positivos con los negativos bajaba la carga tributaria”, aclaró. No se sabe cuánto dinero pagaron al fisco.
LOS CALDERÓN
El 20 de agosto del año 2000, la familia Calderón –dueña de la multitienda Ripley- compró la sociedad Comercial Centro Limitada en $200 millones. La empresa había dejado de hacer operaciones con su giro en 1986, luego de un convenio judicial de quiebra con sus acreedores. En más de una década de inactividad, la compañía acumuló $147.637 millones en pérdidas, que luego absorbieron las utilidades de la compañía CAR S.A. Durante tres años consecutivos, la empresa resultante de la fusión descontó $54.428 millones de utilidades de las pérdidas tributarias que habían adquirido. En el 2004, el SII le cobró a la familia Calderón $8.700 millones por los impuestos e intereses que dejó de pagar. No está claro cuánto cancelaron.
LOS LUKSIC
En 1983 Inversiones San Francisco firmó un convenio extrajudicial con sus acreedores y diez años después una deuda por un crédito que arrastraba de su época de banca rota, generó más de $75.702 millones en pérdida. En agosto del año 2000, Inmobiliaria e Inversiones Hidroindustriales S.A. e Inversiones Punta Brava S.A., ambas compañías del holding Quiñenco de la familia Luksic, compraron Inversiones San Francisco en $2.606 millones, pagaderos en tres cuotas. El 23 de julio de 2001 fusionaron Inversiones San Francisco con Inversiones Hidrosur Limitada, que tenía utilidades por $39.682 millones, que fueron descontadas de las pérdidas. En el período 2002 y 2003, la empresa obtuvo $26.195 millones de utilidades que nuevamente fueron rebajadas. Cuando en el 2004 el SII objetó la operación, Inversiones Hidrosur S.A. había dejado de pagar $9.932 millones en impuestos de primera categoría. Tampoco está claro cuánto pagaron.
http://www.theclinic.cl/2014/10/27/la-maquina-del-choclo-y-lavin-para-cagarse-al-servicio-de-impuestos-internos/
