Crece la indignación por el millonario reclamo de Íngrid
Aunque la ex candidata no es la primera entre los ex secuestrados en pedir reparación, sorprendió el monto: $ 15 mil millones, ya que, a diferencia de otros rehenes de las Farc, ella fue rescatada.
La petición de Íngrid Betancourt al Estado colombiano para que la indemnice por su secuestro a manos de las Farc, no es la primera que hace un ex secuestrado de la guerrilla. Claro que sí es la más polémica, especialmente porque la Fuerza Pública la rescató, porque exige 15 mil millones de pesos de reparación y porque, según el gobierno de la época, ella no atendió las advertencias oficiales en el sentido de no viajar al Caguán por carretera.
Para el ex vicepresidente, Gustavo Bell, quien ejerció ese cargo cuando la ex candidata presidencial fue secuestrada, la pretensión de Íngrid Betancourt es un "desatino total". Bell compartió "plenamente los términos del comunicado del Ministerio de Defensa", y recordó que a Betancourt , "hasta el último momento se le quiso hacer caer en cuenta" de los antecedentes delictivos de las Farc.
La discusión también ha dividido a las víctimas del secuestro, pues mientras algunos no critican a Íngrid, entre ellos Jorge Eduardo Géchem y Alan Jara -que no descartan demandar al Estado-, también están surgiendo voces en este sector que cuestionan a la ex candidata.
Un fuerte eje del debate es que, a diferencia del caso de los diputados, Íngrid sí fue devuelta a la libertad gracias a una acción del Estado: la 'Operación Jaque' (2 de julio de 2008), en la que se invirtieron recursos oficiales y se puso en riesgo la vida de varios militares.
"El Estado no la secuestró, fueron las Farc. Ella fue advertida de que no fuera, pero no hizo caso", dijo Robertina Sánchez, madre del coronel Enrique Murillo, liberado en la 'Operación Camaleón', hace un mes.
Para Magdalena de Hernández, madre del mayor Elkin Hernández, la pretensión de Betancourt "es la cosa más absurda,pues fue mucha la plata que se gastó en la 'Operación Jaque' para su liberación y las de los tres norteamericanos". A su juicio, la pretensión económica es "una puñalada".
María del Carmen de Donato, madre del coronel William Donato, aseguró que respeta la decisión de Betancourt "porque cada persona piensa diferente y siente distinto el dolor".
De acuerdo con Fernando Arboleda Ripoll, ex presidente del Consejo de Estado, "el debate en este caso no es si ella ha debido demandar o no. El punto es si puede demostrar la responsabilidad del Estado en su secuestro".
El penalista Jaime Lombana aseguró que desde el punto de vista penal lo que ocurrió con Betancourt fue "una autopuesta en peligro y no puede haber indemnización ni imputación de responsabilidad a un tercero".
La petición de Íngrid fue inesperada incluso para su ex compañero Juan Carlos Lecompte, quien solo atinó a decir: "Me toma por sorpresa, estoy sorprendido".
No obstante, la decisión de Betancourt no es un hecho sin precedentes, pues varios ex secuestrados políticos ya han acudido a la figura de la conciliación para pedir resarcimiento por lo que les tocó vivir.
"Casi todos los liberados han demandado", dice Deyanira Ortiz, esposa del liberado ex congresista Orlando Beltrán, que acudió a los estrados.
Los casos más avanzados son los de los diputados del Valle, secuestrados y luego asesinados por las Farc. Hasta ahora, seis de las 11 familias han sido indemnizadas. Recibieron 200 salarios mínimos, unos 100 millones de pesos.
Fabiola Perdomo, esposa del ex diputado Juan Carlos Narváez, dice que los magistrados hallaron responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa en el secuestro, ocurrido el 11 de abril de 2002.
Faisury Perdomo, abogada que conoció el caso, contó que no hubo reparación por lucro cesante debido a que los familiares de los diputados recibieron los dineros correspondientes a salarios. Explicó que solo se les concedió una reparación por "daño en la vida y en la relación" y por perjuicios morales.
El único sobreviviente de este secuestro, Sigifredo López, también demandó por los perjuicios que le dejaron casi 7 años de cautiverio. En su criterio, hubo una falla en el servicio de protección y seguridad en la Asamblea.
'Yo demandé a las Farc, no al Estado': Gonsalves
Marc Gonsalves, uno de los tres estadounidenses liberados junto a Íngrid Betancourt en la 'Operación Jaque', declaró ayer que él demandó a las Farc y no al Estado colombiano por su secuestro.
"Es verdad que los hemos demandado y quiero seguir demandando a todos los grupos y organizaciones que han apoyado a las Farc", le dijo a RCN Radio, sin agregar más detalles.
"No tengo razón para demandar al Estado. No soy colombiano, vivo aquí en los Estados Unidos", explicó Gonsalves, quien, no obstante, consideró que Betancourt "está en todo su derecho" de buscar una indemnización por su secuestro.
Las palabras de rechazo frente a las sorpresivas pretensiones económicas de la ex candidata continuaron durante el fin de semana.
Una de las voces más duras fue la del vicepresidente Francisco Santos, quien calificó la acción como "una puñalada a la Fuerza Pública" y "un acto de codicia, ingratitud y oportunismo".
El ex presidente Ernesto Samper se refirió al reclamo como "indigno" y dijo que se trata de un "deseo mezquino de obtener una suma de dinero", que no será destinado a "obras de caridad".
El arzobispo de Bogotá, monseñor Pedro Rubiano le reclamó a la ex candidata presidencial que si no fuera por el Estado y el Ejército, ella "podría estar por allá (en la selva) todavía".
Y desde el exterior, donde se encuentra de vacaciones el ex candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, dijo que Betancourt fue "injusta" pues los "responsables del secuestro fueron las Farc, y (fue) el Estado el que la liberó".
La indignación también llegó a Facebook, donde ya hay varios grupos que le exigen a Betancourt que retire su demanda.
Detalles de su petición oficial
En la solicitud de conciliación extrajudicial, Íngrid no incluyó como afectado a su ex compañero, Juan Carlos Lecompte.
En nombre de su padre ya fallecido, Gabriel Betancourt, Íngrid reclama $ 1.500 millones por el daño moral que este sufrió durante el secuestro de ella.
Reclama por la muerte de su padre otros $ 1.500 millones con el argumento de que el secuestro de ella le agravó la salud a él.
Argumenta que por su perfil (y anota que habla castellano, francés, inglés, italiano y portugués) puede reclamar los montos sugeridos.
Dice que se ganaba un sueldo en el 2002 de $14'049.226 pesos y en el 2008 $19'546.427 con los incrementos.
Pide el testimonio técnico del médico siquiatra francés Dominique Valet, director del Hospital Militar de Marsella.
