Se pagó a precio sobrevalorado más de US$ 536 millones por las aeronaves, de los que aproximadamente US$ 320 millones fueron pagos de sobornos, en lo que representa el caso más oneroso de corrupción del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
![Imagen](https://larepublica.pe/resizer/7z2eJgTIsCWcecuzt6a60q-qOn4=/1250x735/top/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruporepublica/G3TSSGE7QZD3LH7Q4SBPXVVYFQ.jpeg)
En 1997, Alberto Fujimori y el teniente general FAP Elesván presentaron uno de los 18 MiG-29 adquiridos a Bielorrusia.
Ex altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la Nación del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) recibieron condenas de prisión efectiva por haber facilitado la compra de 39 aviones de combate por más de 536 millones de dólares.
Después de más de cinco horas de lectura de la sentencia, alrededor de las 9.00 p. m. del lunes, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a cuatro años de cárcel efectiva por el delito de colusión desleal al ex director general del Tesoro Público, y actual asesor del viceministerio de Hacienda del MEF, Marcelino Cárdenas Torres; al ex director general de Presupuesto Público, Reynaldo Bringas Delgados; y el ex gerente general del Banco de la Nación, José Miguel del Priego Palomino.
El fiscal superior anticorrupción Juan Manuel Fernández acusó a los tres ex funcionarios gubernamentales de haber contribuido en el esquema de corrupción, facilitando los pagos a las empresas implicadas. La bielorrusa Beltechexport vendió 18 unidades de MiG-29 y y 18 de Sukhoi-25, y la rusa Rosvoorouzhenie, 3 ejemplares de MiG-29-SE, en lo que representa uno de los casos más cuantiosos de corrupción del régimen de Alberto Fujimori.
El gestor de las compras corruptas fue Vladimiro Montesinos, quien en 2007 se acogió a la terminación anticipada, aceptando que recibió sobornos por US$ 29 millones, por lo que fue condenado a seis años de cárcel.
El ex comandante general de la FAP, y cómplice de Montesinos, el teniente general Elesván Bello Vásquez, también se acogió a la terminación anticipada por la compra de los 3 MiG-29-SE, en 1998.
Los otros condenados a cuatro años de prisión por el mismo delito son el operador de Montesinos, Juan Valencia Rosas, y Óscar Benavides Morales y Guillermo Burga Ortíz, ambos relacionados con el grupo de empresarios que se coludió con el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori para organizar la adquisición de los aviones de combate que no cumplían con las exigencias técnicas de la Fuerza Aérea del Perú: eran de segunda mano –en el caso de las aeronaves de Bielorrusia-, no se encontraban en buenas condiciones y tenían sobreprecio.
Óscar Benavides es hermano del prófugo Enrique Benavides Morales, y Burga trabajaba para Claus Corpancho Kleinicke, recientemente fallecido.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora, presidida por el magistrado Bonifacio Meneses González, e integrada por los magistrados César Vásquez Arana y Liliana Hayakawa Riojas, también condenó a tres años de prisión efectiva a Eloísa de la Fuente Suárez.
De La Fuente manejó las cuentas del grupo –Enrique y Óscar Benavides, Corpancho y Burga, y Moshe Rothschild Chassin, quien se encuentra prófugo-, y según indicaciones de este, disponía el pago de los sobornos a los implicados
La forma en que actuaron los implicados correspondía al delito de crimen organizado, pero en la época en que se cometieron los hechos (entre 1996 y 1998), no existía la tipificación de dicho delito.
“La sentencia es trascendental porque se trata de un caso de corrupción de mayor impacto cometido por la mafia de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y no solo por la cantidad de dinero involucrado sino también por el contexto histórico. Las compras se hicieron frente a una amenaza real del reinicio de un conflicto con Ecuador. ¿Qué hubiera pasado en el hipotético caso del reinicio de las hostilidades? Ese armamento no estaba en condiciones para combatir, los aviones no habían sido comprados para los desfiles militares de Fiestas Patrias, los aviones se necesitaban para combatir. Este es el daño de mayor magnitud”, explicó el fiscal superior Juan Manuel Fernández, quien investigó y denunció a los responsables.
Saludos,
JRIVERA