Cuando Omar Ndiaye, de 41 años, fue arrestado, hacía sólo tres días que había regresado de su país, Senegal. Un antiguo amigo cuenta que cada vez que Omar viajaba hasta allí (y le constan más de 30 viajes sólo en los cuatro últimos años) gastaba sin miramientos en restaurantes de postín, se movía en coches de alquiler de alta gama y vestía con ropas cuyos precios le hubieran resultado prohibitivos antes de emigrar a Bilbao, adonde llegó a principios de siglo.
A casi nadie de sus conocidos o de sus familiares le había contado la verdad. Omar les decía que las cosas le iban bien en España, que había conseguido «mucho dinero trabajando y haciendo algunas inversiones». Se escondía tras la fachada de un empresario de éxito surgido de la nada. Pero muy pocos sabían que era un estafador. Un tunante a lo grande. Y menos que los estafados eran los contribuyentes españoles. «También me contó que ha invertido en su país, pero no sé si en negocios o en compra de casas», explica este amigo.
El dinero le llegaba sin mover un dedo. El Gobierno vasco, a través de sus ayudas de renta básica y de vivienda, le ingresaba mensualmente un dineral. A él y a sus casi infinitos alter egos.
Llegó a crear 62 identidades falsas para recibir las prestaciones, sujetas a laxos controles por parte de la Administración, como se ha evidenciado. Se embolsó más de un millón de euros. Siempre siendo otro. Los investigadores le incautaron 23 pasaportes cuando lo detuvieron y registraron el inmueble en el que vivía, a finales de marzo pasado. Todos son de personas nacidas entre 1975 y 1984, por lo que tienen una edad similar a la suya.
La Ertzaintza pudo frenar el escándalo antes, pero miró hacia otro lado al ser alertada.
HASTA 10.000 EUROS MENSUALES EN UN FRAUDE DE 14 AÑOS
Omar Ndiaye, al que el juez le ha retirado su pasaporte y se le imputan los delitos de estafa y falsedad documental, algunos meses llegó a cobrar hasta 10.000 euros. Su engaño duró 14 años. Desde 2008, cuando cobró una ayuda por primera vez, hasta marzo de 2022. En total, ingresó 1,09 millones de euros. De media, al año cobró cerca de 78.000 euros.
Pero Omar Ndiaye no es el único inmigrante que ha sabido hacer fortuna engañando a la Administración vasca, convertida en un «coladero» de estafadores, según denunciaron el PP, Cs y VOX el pasado viernes en el Parlamento vasco. En diciembre de 2017, la Policía Nacional desarticuló en Euskadi un grupo organizado que proveía de documentación falsa a ciudadanos paquistaníes para obtener ayudas sociales. A cambio, les pedían entre 350 y 400 euros. Defraudaron 3,7 millones de euros. En aquella operación se detuvo a cerca de 200 personas. A otras ni se les llegó a arrestar. Pese a que cobraban las ayudas, se habían marchado a países como Holanda o Italia, o directamente se habían vuelto a Pakistán.
Para conceder dichas prestaciones, la Administración vasca sólo exigía a los beneficiarios un documento del Federal Board of Revenue (FDR) de Pakistán que acreditara que no tuvieran ninguna propiedad a su nombre en su país de origen por la que tuvieran que tributar. El informe que presentaban era falso y ni siquiera aparecía con una copia traducida. Parte de esas subvenciones se enviaban a Pakistán al día siguiente de ser ingresadas en las cuentas de los perceptores en España.
Aquella investigación de la Policía Nacional se inició en agosto de 2016. El año anterior, la Ertzaintza descubrió que una pareja de pakistaníes estuvo algo más de tres años cobrando entre 6.000 y 10.000 euros mensuales.
Él cobraba seis ayudas al mismo tiempo. Ella, cuatro. En total, se embolsaron 395.000 euros.
Dos años antes, la Diputación de Álava denunció que había detectado un notable incremento de menores de Pakistán que recalaban en los centros de acogida de Vitoria. En sólo unos meses la población censada de pakistaníes pasó de 500 a 1.500. Detrás había otra estafa. Una mafia del norte del país asiático, en la región de Lahore, ofrecía a los padres de los menores llevarlos hasta el País Vasco para que vivieran de las ayudas de las instituciones. Los jóvenes viajaban a través de Turquía y Grecia. A cambio, sus progenitores tenían que pagar 6.000 euros.
Cuando se conoció el fraude, Javier de Andrés, del PP, quien años después fue delegado del Gobierno en el País Vasco, dijo que el «agujero» no se reducía a la provincia de Álava: «Es en todo el País Vasco, pero ni PNV ni Bildu lo denuncian. La normativa aquí es laxa, hay mala gestión y cero control. Se les ponen sueldos sociales altos, sin demostrar nada, y funciona el boca a boca».
EL COMISARIO QUE NO INVESTIGÓ, PERO INSTÓ A OTROS A QUE DENUNCIARAN
La Ertzaintza conocía la presunta falsificación de pasaportes desde el 17 de diciembre de 2021, como adelantó este periódico el pasado 11 de junio. El comisario de la Ertzaintza José Carlos Rioja, enlace del cuerpo en Lanbide, descartó poner en conocimiento de sus propios compañeros o de la Policía Nacional el presunto fraude de Omar Ndiaye. Alertado de los hechos por los propios trabajadores de Lanbide, por dos veces instó a éstos a que denunciaran. Según varios empleados de este organismo de empleo vasco, no fue la primera vez que Rioja actuó de esa manera.
Desde que este periódico destapó la estafa de Omar Ndiaye, el Gobierno vasco no ha aclarado cómo se ha permitido un fraude continuado durante 14 años y de un montante de más de un millón de euros. Su portavoz, Bingen Zupiria (PNV), se limitó a asegurar que es «minoritario» y que existe un «control permanente», pese a ser evidente lo contrario.
https://www.elmundo.es/cronica/2022/06/ ... b4580.html 
