Continuación...
La consolidación del grupo vino acompañada de otra fusión. A fines de 1995, Penta compró la compañía Columbo S.A., de propiedad del empresario pesquero Carlos Montt. Columbo había sido creada el 19 de octubre de 1961 mediante una mezcla de capitales privados con aportes de la Corporación de Fomento de la Producción. Durante más de 30 años, la compañía operó bajo el nombre de Empresa Pesquera Tarapacá S.A., pero a fines de 1994 obtuvo una nueva identidad. Según quedó registrado en una escritura pública, con fecha 13 de marzo de 1995, Montt no solo le cambió el nombre a la empresa, sino que también amplió el giro en el que podía desarrollar actividades. Dos meses después, Penta asumió el control de la sociedad y mandó a periciar sus números.
El informe contable fue elaborado por Juan Echeverría, perito de Deloitte & Touche que entregó sus resultados a Penta en marzo de 1996. El documento, al que se puede acceder en el centro de documentación de la SVS, registró que al 31 de diciembre de 1995, el patrimonio de Columbo S.A. era de $146 millones y su pérdida tributaria superaba los $15 mil millones. La compañía no tenía trabajadores. Con estos antecedentes, Délano y Lavín decidieron fusionar Columbo S.A. con dos de las compañías bajo las cuales administraban todos los sectores donde tenían inversiones: Administraciones e inversiones Penta Limitada, ex Inmobiliaria y comercial San Jorge Limitada, y Penta II. La misma maniobra de fusión empresarial que habían realizado en 1990.
El informe de Echeverría dice que hasta diciembre de 1995, el patrimonio contable de ambas empresas superaba los $20 mil millones y que la primera de ellas empleaba a 16 trabajadores. El 4 de abril de 1996, Hugo Bravo López, que a esa fecha ya figuraba como gerente general de Columbo S.A., fue el encargado de informar a la SVS sobre los alcances de la fusión: la sociedad Inmobiliaria y comercial San Jorge Limitada se disolvió y Columbo S.A. pasó a llamarse Empresas Penta S.A., aunque siguió ocupando el RUT y las pérdidas de la primera. A fines de abril, la operación se concretó y la nueva estructura del grupo quedó conformada así: Délano y Lavín eran dueños de Pentágono y Pentagrama. Ambas compañías eran controladoras de Empresas Penta S.A., matriz que agrupaba todas las inversiones del holding hasta 1996.
Según otro informe del perito Juan Echeverría, al 31 de diciembre de ese mismo año, la empresa resultante de la fusión había absorbido todas las utilidades de Penta. De los $15 mil millones de pérdida, sólo quedaban poco más de $700 millones disponibles para ocupar en los años posteriores. La fusión, no solo le permitió a Penta no pagar el impuesto de Primera Categoría, sino también –al igual como lo hicieron con Inmobiliaria San Jorge- solicitar al SII una devolución de dineros: “Con motivo de la fusión de Empresas Penta S.A. con Administración e inversiones Penta Limitada e Inersiones Penta II, se fusionaron los FUT de las tres sociedades, generando la recuperación del crédito de primera categoría ascendente a $1.783.974.000”, dice el documento.
En la página web de Penta, Délano y Lavín destacan el año 1996 como el de la consolidación del Holding. Nada dicen, sin embargo, de las fusiones y de los impuestos que no pagaron para llegar a este nivel. En los años siguientes Empresas Penta S.A. continuó anexando nuevos negocios: crearon la compañía de rescate médico Help, la compañía de Crédito Hipotecario Las Américas, la empresa de salud Vida Integra, compraron un porcentaje de la Clínica Olivos, un paquete accionario de la Clínica Las Condes y vendieron el 31,7% de AFP Cuprum. Según las memorias de la empresa, en varios de estos períodos el holding no pagó impuestos a la renta: “Al 31 de diciembre de 1999, la sociedad no provisionó impuestos a la renta por tener pérdida tributaria en el año, la cual fue absorbida en su totalidad con utilidades tributarias provenientes de años anteriores”.
A fines de los 90, Penta se transformó en el principal accionista y controlador del Banco de Chile. Eran dueños del 16% de la propiedad, lo que les permitía a Délano y Lavín integrar el directorio y dirigir, además, un pacto de accionistas que en su conjunto manejaba el 35% de la compañía. La venta del paquete accionario se convirtió en una de las más grandes operaciones hechas en el país. El 14 de diciembre 2000, el holding ingresó a su cuenta casi US$ 70 millones, como adelanto de los US$ 198 millones que la familia Luksic acordó pagar por el total de sus acciones. Siete días antes, Empresas Penta S.A. se había fusionado con Inversiones Río Teno, otra empresa con pérdidas tributarias. Gran parte del dinero de la venta se homologó con las pérdidas de la nueva empresa que habían creado. El negocio, exitoso en un principio, terminó en escándalo tributario.
RÍO TENO
Inversiones Río Teno fue constituida el 9 de noviembre de 1979 y pocos años más tarde se transformó en una de las empresas en quiebra que dejó la crisis económica. Su dueño era Pablo Pla Pares, quien además era uno de los socios del Banco Español-Chile, el más perjudicado en la crisis de 1982. A fines de la década del 90 Pla, junto a un grupo de contadores y abogados a quienes contrató, comenzó a revivir estas antiguas sociedades y reconstituyó la contabilidad. A comienzos del año 2000, las puso en el mercado.
Por ese tiempo, la compra y venta de empresas con pérdida estaba en pleno boom. Incluso aparecían anuncios clasificados en los diarios para adquirirlas. A las empresas ofrecidas por Pla, en 1999 se sumaron cerca de 20 sociedades relacionadas con pérdida tributaria del quebrado Banco BHC, de propiedad del empresario Javier Vial Castillo. Los papeles de las compañías habían permanecido guardados por casi 17 años en el Fundo La Palma, en Pomaire, y a fines de la década del 90 -al igual como lo hizo Pablo Pla- un equipo de abogados y asesores tributarios reconstruyó la contabilidad. Un año después, todas las compañías fueron adquiridas por varios grupos económicos, ocasionando un perjuicio fiscal que en años posteriores el SII cifró en $24.521 millones (ver recuadro).
Inversiones Río Teno comenzó a comercializarse en la época de oro de las empresas con pérdida. El primero que tuvo noticias de ella en Penta fue el abogado Alfredo Alcaíno, estrecho colaborador y asesor jurídico del holding. Según un ingeniero que conoció de cerca la operación, Alcaíno recibió el dato de parte de un amigo, que posteriormente presentó a Délano y Lavín con Pablo Pla. Para convencerlos del negocio, Pla les hizo llegar un informe contable que luego fue auditado nuevamente por Juan Echeverría, el mismo perito de Deloitte & Touche que había elaborado el documento que dio origen a la fusión de Columbo S.A. en 1996. El documento de Echeverría, cuya copia también se puede encontrar en el Centro de documentación de la SVS, certificó los números rojos de la empresa: Inversiones Río Teno había acumulado $20.436 millones en pérdida y su patrimonio apenas alcanzaba los $2.110.
A esa altura, Empresas Penta S.A. se había transformado en una robusta y diversificada matriz de negocios. Según el informe de Echeverría, el holding tenía una utilidad acumulada que alcanzaba los $32.646 millones y un patrimonio total de $69.274 millones. Todo lo contrario a Inversiones Río Teno. El negocio era irresistible. El 23 de agosto del 2000, Délano y Lavín le ordenaron a Hugo Bravo comprar la compañía en $190 millones. Dos días después, un contrato privado modificó el precio de la compra y la fijó en $1.500 millones: dos pagos de $400 millones y uno final de $700 millones, pactado para el 2 de enero de 2003.
La causa inmediata de la fusión fue el acuerdo al que llegaron Délano y Lavín para venderle a los Luksic el 16% de las acciones del Banco de Chile, con las que Penta se había transformado en su controlador. Durante los años siguientes, con la inversión de ese dinero, el holding adquirió Banmédica y creó Penta Inmobiliaria. Pocos meses después de pagar la última cuota de la compra de Río Teno, el SII les cayó encima. A mediados de 2003, un equipo de la unidad de grandes contribuyentes rechazó el uso de las pérdidas y le comunicó a Empresas Penta S.A. que debía cancelar $4.800 millones en impuestos e intereses que había dejado de pagar. La investigación era parte de una acuciosa fiscalización a todos los grandes grupos económicos que habían comprado empresas con pérdida.
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