Foro Militar General

Gaspacher escribió:Yo creo que las opiniones personales van precedidas por un "en mi opinión" o un "creo que", que de lo contrario lo que se hace es afirmar.

Por lo tanto no es lo mismo opinar sobre si una decisión errónea o acertada, que afirmar no solo que es errónea, sino que el juez ha cometido prevaricación.

Así que ya que sabe más que el juez, no se que espera para denunciarlo

Isocrates escribió:

Gaspacher escribió:Yo creo que las opiniones personales van precedidas por un "en mi opinión" o un "creo que", que de lo contrario lo que se hace es afirmar.

Por lo tanto no es lo mismo opinar sobre si una decisión errónea o acertada, que afirmar no solo que es errónea, sino que el juez ha cometido prevaricación.

Así que ya que sabe más que el juez, no se que espera para denunciarlo

Pensar no es solo "opinar". Y sí, afirmo que el auto es un despropósito y está incorrectamente fundamentado; y además de afirmarlo le expongo la parte fundamental del razonamiento. Que no discuta el argumento y se empeñe en descalificar a quien lo enuncia es algo que no dice nada sobre el argumento en sí.

Por lo demás, yo no he afirmado que el juez haya cometido prevaricación; pero sí afirmo que si la exhibición del cartel supone, por sí mismo y de forma directa, un delito de terrorismo (que esa es otra), entonces ese delito lo han cometido todas las televisiones y medios de comunicación impresos y de internet que lo han hecho aparecer en sus programas/ediciones/portadas etc.... La cuestión es que el argumento de base es falso: no es cierto que la simple exhibición suponga la comisión de un delito porque es preciso que concurra el elemento intencional. La intención de TVE al sacar el cartel no era enaltecer el terrorismo; y a intención de los autores en el teatro de títeres -por todo lo que sabemos- tampoco lo era. Si aplico la ley de distinta manera a unos ciudadanos que a otros estoy incurriendo en arbitrariedad.

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Artículo 510.

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.

oscarbermudez escribió:Es ridiculo y desproporcionado encerrrarles solo por una obra de guiñol, por muy irreverente que sea.
Eso solo les da alas, les catapulta como perseguidos y como martires de su funesta causa.
España y el juez que les encerro se excedio en el castigo y ello solo va a servir para potenciarles y encumbrarles como martires de la libertad de expresion.

Gaspacher escribió:Yo creo que las opiniones personales van precedidas por un "en mi opinión" o un "creo que", que de lo contrario lo que se hace es afirmar.

Por lo tanto no es lo mismo opinar sobre si una decisión errónea o acertada, que afirmar no solo que es errónea, sino que el juez ha cometido prevaricación.

Así que ya que sabe más que el juez, no se que espera para denunciarlo

Domper escribió:Veamos.

A mi, personalmente, me parecen desporporcionadas las medidas tomadas por el juez de instrucción contra los titiriteros, pero he de decir que el justificante de “alarma social” (presente en la legislación española) siempre me ha parecido un argumento traído por los pelos, pues que se encarcele o no a un sospechoso no depende ni de su delito, del riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, sino de la repercusión mediática.

Por otra parte, todos los que no tengan memoria de pez recordarán como no hace demasiado ETA cometía un asesinato cada dos días mientras desde algunos medios de comunicación se les jaleaba y aplaudía, y llegaba a darse el caso de *** que se permitían acosar e insultar a los parientes de las víctimas. Como en esa época yo vivía en Navarra, y como vi el terrorismo más de cerca de lo que me hubiese gustado (demasiado de cerca) me repugna que ahora haya sinvergüenzas que pretendan decir aquello de “pelillos a la mar”. La cuestión es que el parlamento español aprobó una modificación del código penal que tipificaba el delito de “apología del terrorismo”. Delito que, a primera vista, parecen haber cometido esos “artistas”, y en una forma especialmente grave al hacerlo en una representación infantil.

Ya puestos, esos “artistas” se alineaban con colectivos que en ningún momento sufrieron la amenaza de ETA. Me hubiese gustado verlo mirando debajo del coche (yo lo he hecho) a ver que opinaban.

En resumen: creo que el juez de instrucción se excedió en sus medidas, pero también creo que hay causa sobrada para juzgar a esos “artistas”. Dudo que la condena les lleve a la cárcel (salvo que tengan antecedentes penales) pero no está de más recordar que la condena también implicará inhabilitación profesional durante una buena temporada.

Para acabar, igual que si un grupo contratado por el ayuntamiento de mi pueblo hubiese sacado una bandera nazi, se estarían pidiendo responsabilidades políticas, creo que corresponde al ayuntamiento de Madrid dar alguna explicación y tomar alguna medida, y, sino lo hace, será el momento para que cierto partido que apoya al actual equipo, y que en su día sufrió el terrorismo, medite sobre sus opciones.

Saludos